El Ministerio de Seguridad Pública ha esbozado el borrador de un plan para implementar leyes de emergencia en caso de manifestaciones masivas o disturbios a raíz del voto sobre el ingreso de la entidad palestina como Estado en la ONU, según un reporte del periódico Haaretz.
El plan, que implica el recorte de los derechos de los detenidos, ha generado desacuerdos entre los miembros del Ministerio de Justicia. El documento que ha circulado en la cartera de Justicia para que sus miembros, y el Asesor Jurídico del Gobierno, Yehuda Weinstein, formulen una opinión al respecto.
Los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública temen que las leyes actuales sean insuficientes para tratar con disturbios masivos. Sin embargo, existe la preocupación de que las regulaciones de emergencia podrían dañar los derechos de los sospechosos durante los procedimientos policiales de personas que no estén vinculadas a las posibles manifestaciones en los territorios.
El plan confiere a la Policía la autorización de detener sospechosos por un periodo máximo de nueve horas, en vez de las tres horas que marca actualmente la ley. Este incremento se basa en la asunción de que habría muchos sospechosos retenidos y sólo así se podría investigar el rol de cada uno en la protesta.
También se asume que se precisa crear espacios amplios y aislados donde la policía pueda interrogar a los detenidos para determinar si se les libera o arresta.
Una de
El plan, que implica el recorte de los derechos de los detenidos, ha generado desacuerdos entre los miembros del Ministerio de Justicia. El documento que ha circulado en la cartera de Justicia para que sus miembros, y el Asesor Jurídico del Gobierno, Yehuda Weinstein, formulen una opinión al respecto.
Los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública temen que las leyes actuales sean insuficientes para tratar con disturbios masivos. Sin embargo, existe la preocupación de que las regulaciones de emergencia podrían dañar los derechos de los sospechosos durante los procedimientos policiales de personas que no estén vinculadas a las posibles manifestaciones en los territorios.
El plan confiere a la Policía la autorización de detener sospechosos por un periodo máximo de nueve horas, en vez de las tres horas que marca actualmente la ley. Este incremento se basa en la asunción de que habría muchos sospechosos retenidos y sólo así se podría investigar el rol de cada uno en la protesta.
También se asume que se precisa crear espacios amplios y aislados donde la policía pueda interrogar a los detenidos para determinar si se les libera o arresta.
Una de
las propuestas es permitir a la policía usar la fuerza contra los detenidos, y no sólo contra los arrestados, como es el caso actual.
También se aumentaría de 24 a 48 horas el tiempo desde el arresto que tendría la Policía para presentar a la persona ante el juez. Esto implica que durante dos días no habrá supervisión judicial de las actuaciones policiales o sobre la decisión del arresto.
El cambio también perjudicaría el derecho de un detenido a encontrarse sin demoras con su abogado. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido esta obligación, investigando a las autoridades y decretando que es posible descalificar la admisión de un prisionero sospechoso si no ha tenido acceso a un abogado.
Otro capítulo propone, bajo ciertas circunstancias, aplicar este plazo de 48 horas también a los menores, que cuentan en la actualidad con un límite más restrictivo, de 12 horas.
El borrador, efectuado por el Ministerio de Seguridad Pública, ha sido presentado al Ministerio de Justicia, donde generó opiniones encontradas, y la Fiscalía General.
El plan preocupa a Dan Yakir, consejero legal de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, que lo considera "un ejemplo real del potencial de dañar seriamente derechos cuando se aplican medidas draconianas".
La portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, Tal Volovich, señaló: "Nos estamos preparando para todas las posibilidades, también en el ámbito legal. Queremos disponer de las herramientas necesarias". EFE y Aurora
También se aumentaría de 24 a 48 horas el tiempo desde el arresto que tendría la Policía para presentar a la persona ante el juez. Esto implica que durante dos días no habrá supervisión judicial de las actuaciones policiales o sobre la decisión del arresto.
El cambio también perjudicaría el derecho de un detenido a encontrarse sin demoras con su abogado. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido esta obligación, investigando a las autoridades y decretando que es posible descalificar la admisión de un prisionero sospechoso si no ha tenido acceso a un abogado.
Otro capítulo propone, bajo ciertas circunstancias, aplicar este plazo de 48 horas también a los menores, que cuentan en la actualidad con un límite más restrictivo, de 12 horas.
El borrador, efectuado por el Ministerio de Seguridad Pública, ha sido presentado al Ministerio de Justicia, donde generó opiniones encontradas, y la Fiscalía General.
El plan preocupa a Dan Yakir, consejero legal de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, que lo considera "un ejemplo real del potencial de dañar seriamente derechos cuando se aplican medidas draconianas".
La portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, Tal Volovich, señaló: "Nos estamos preparando para todas las posibilidades, también en el ámbito legal. Queremos disponer de las herramientas necesarias". EFE y Aurora
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